Una vieja amiga cántabra solía contarme un chascarrillo norteño que añadía vitriolo a la fina estampa que retrata la lógica del poder en este desventurado país: "Ya no sabemos si el Banco es de Santander o Santander es del banco". Se refería, claro, al vampírico tinglado montado hace varias generaciones por esos ahorradores pasiegos de rancio abolengo a los que un maldito apellido condenó desde la cuna: los Botín. Y otro tanto podría afirmarse hoy acerca de los partidos políticos, los medios de comunicación o los clubes de fútbol, pues a todos los tienen trincados los malandrines por los colgajos. De ahí que la totalidad de las causas judiciales abiertas contra los miembros del clan de la corbata roja —evasión fiscal, indemnizaciones desorbitadas, etc.— hayan sido archivadas a cambio de millonaria calderilla —si se me permite el oxímoron—; y de ahí que estos días la paniaguada prensa patria, que ha venido silenciando discretamente todas y cada una de las tropelías santanderinas, despida con honores de brillante gestor a quien la justicia sentenció como ímprobo y probado delincuente, Alfredo Sáenz, que se retira de la vicepresidencia de la casa madre con una pensión de ochenta y ocho millones de euros que sumar a lo expoliado a sus clientes a lo largo de toda una vida dedicado a la usura. Una pensión que, por su desafío al decoro en tiempos de miseria, quedará como el mayor agravio comparativo de un gremio al que los tiesos de España hemos ayudado ya con casi doscientos mil millones públicos (que no tenemos) desde que su avaricia y sus artimañas nos abocaran a una crisis que aún le parece ajena; un gremio que, por su cansina reincidencia, impele a las profesionales del sexo a reiterar su ya legendaria defensa: "Las putas insistimos: los banqueros no son nuestros hijos".
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